Además de los gobernadores, son los Intendentes los que deberían estar pegando el grito en el cielo. Las transferencias a provincias y municipios se verán reducidas en más de 180.000 millones de pesos y se afectarán las partidas destinadas al pago de salarios.
La Corte Suprema de Justicia, que dispuso que el Gobierno nacional le reintegre el cobro del 2,95% de la masa de fondos coparticipables al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, perjudica a 3 millones y medio de estatales: 716 mil trabajadores nacionales, más de 2 millones que prestan servicios en las provincias y casi 500 mil distribuidos en todas las comunas del país.
Es que, por la nueva redistribución de recursos, las transferencias a las provincias y los municipios se verán reducidas en más de 180.000 millones de pesos, afectando todas las partidas presupuestarias, entre las cuales se encuentran las destinadas al pago de salarios y la regularización del empleo en las distintas administraciones.
Con este fallo se perjudica a todos los ciudadanos y en particular a los trabajadores estatales.
Una gran parte de los trabajadores de la administración pública nacional, las provincias y los municipios ya se encuentra bajo la línea de pobreza y esta decisión de la Corte impedirá el mejoramiento de sus condiciones de vida en el corto plazo. Sin lugar a dudas existirá un aumento de la conflictividad en gran parte del país.
Cabe recordar que recientemente desde ATE denunciamos que el 60% de los estatales se encuentra bajo la línea de pobreza ya que más de 2 millones tienen sueldos que no alcanzan los $146.000 que, según el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), necesitó en noviembre una familia de cuatro integrantes para no ser pobre.
