El sindicato respondió al Gobierno que la amenaza de despido a trabajadores contratados es una “ilegalidad manifiesta” y una “vulneración del derecho constitucional a la estabilidad” en caso de concretarse.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) arrancó este miércoles la segunda jornada de paro de 36 horas con una adhesión cercana al 95% en la administración pública nacional y provincial y en las administraciones municipales. En los hospitales y la SeNAF sólo se garantizan guardias. En las escuelas el acatamiento es prácticamente total. Se observan oficinas vacías en el Parque Nacional Nahuel Huapi, ANSES, PAMI, SENASA, Vialidad Nacional y Conicet, entre otros organismos.

“La amenaza del gobierno de despedir a los trabajadores contratados que realizan paro es una ilegalidad manifiesta, porque el Ejecutivo está dando por sentado que son despidos por discriminación, lo que está prohibido por ley”, dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.

“Además sería una vulneración del derecho constitucional de estabilidad, sin precedentes en democracia por la masividad de personas despedidas en caso de que lo concreten”, agregó el dirigente y convocó a los estatales a no incurrir en el temor.

“La pelea por la recuperación del salario está en las calles, donde debemos construir más unidad para quebrar esta política que beneficia a los ricos y a la casta y perjudica a los trabajadores, los comerciantes y las PyME”, dijo Aguiar.

“Nosotros seguimos exigiendo la reapertura paritaria en la provincia. No podemos los estatales pagar el ajuste de la Nación. Reclamamos volver a la política de recuperación de poder adquisitivo que iniciamos en enero”, agregó. “A esta altura las amenazas nos hacen cosquillas: algún ministro dijo por ahí que si parás contra la Provincia, te descuentan; si parás contra la Nación, también. ¿Qué significa eso? ¿El ajuste ya está signado en un escritorio? Pero los estatales le perdimos el miedo y la contundencia de la adhesión lo demuestra”.

El sindicato además volvió a denunciar la situación de los trabajadores municipales rionegrinos, y reclamó igual salario por igual tarea e ingresos por arriba de los índices de pobreza.