Esta nueva aceleración de los precios es un sablazo al bolsillo que pone en riesgo todos los acuerdos salariales que se fueron alcanzando en las provincias y municipios, alterando también las negociaciones en curso. Mientras tanto, el Gobierno sólo se aferra a las políticas del FMI y utiliza la inflación como la principal herramienta de ajuste.
El 6,6% de febrero es el valor más alto en los últimos seis meses, y los alimentos aumentaron incluso por sobre el promedio general (9,8%). Esto deteriora aún más los ingresos de trabajadores y jubilados. Las condiciones de vida de la mayoría de los estatales se siguen agravando y crece el número de asalariados pobres en el sector público.
No sólo hay que revisar el acuerdo con el FMI, sino que se debe avanzar definitivamente contra los especuladores y formadores de precios, a quienes el Ejecutivo nunca se animó a ponerles freno.
Cabe destacar que la inflación interanual también continúa en una crecida constante, casi llegando a duplicar su valor en 12 meses: pasó de 55,1% en marzo de 2022 a 102,5% en febrero, siendo la primera vez que alcanza los tres dígitos en 30 años.
