La represión en Jujuy es brutal porque no se trata sólo de un reclamo por salarios de hambre, sino que hay un pueblo que está defendiendo la tierra y todos sus recursos naturales. Si el gobernador Gerardo Morales no renuncia, se debe evaluar la intervención de la provincia.
No alcanza con dar marcha atrás en un par de artículos, esta reforma de la Constitución tiene que ser anulada. Es contraria a la voluntad del pueblo y a la democracia de nuestro país. Estamos viviendo horas preocupantes de represión en distintos puntos de la provincia.
Está en juego la explotación del litio, que se encuentra en zonas donde están asentadas comunidades originarias. La nueva constitución persigue la finalidad de eliminar el derecho de protesta y que se pueda desplazar con libertad a esos pueblos de los territorios.
Las manifestaciones que empezaron a principios de junio con el reclamo salarial docente, pero la modificación exprés de la constitución provincial hizo escalar el descontento a un nivel más amplio para todo el pueblo jujeño y nacional. Las comunidades originarias no fueron convocadas en ninguna instancia para participar de las discusiones sobre la reforma, vulnerando completamente sus derechos.
