A pesar que el Gobierno nacional anuncia un pase a planta permanente de 11.172 trabajadores, se trata de una etapa preparatoria. La liberación de vacantes no es suficiente para ponerle fin al flagelo de la precarización laboral, que es uno de los históricos reclamos de nuestra ATE.
Esta fase oficializada en la Decisión Administrativa 1086 puede llevar meses concretarse. Ni siquiera se contempla a la totalidad de profesionales y menos aún a los del agrupamiento general. Hay trabajadores con más de 10 años de antigüedad que continúan prestando servicios de manera irregular.
El Gobierno debe decidir el inmediato pase a planta permanente de la totalidad de los contratados bajo distintas modalidades. Se está cometiendo un fraude laboral en toda la administración. No puede ser que el Estado sea el primer incumplidor. Un Estado que violenta las normas laborales pierde autoridad a la hora de exigir a los particulares.
El derecho a la estabilidad en el empleo público sigue siendo vulnerado en nuestro país. Hace más de dos años que firmamos en Casa de Gobierno la regularización de 30.000 trabajadores y recién deciden el inicio del proceso de incorporación sólo de 11.000.
